Las empresas y su impacto ambiental

Para comenzar quiero señalar que cualquier actividad empresarial actúa sobre el medio ambiente modificando el equilibrio de los ecosistemas, ahora bien, en la Ley Orgánica del Ambiente el Estudio Medio Ambiental se refiere a la documentación técnica que mantiene la valoración ambiental protectora y que integra los mecanismos de juicio para tomar los fallos e informes con relación a las implicaciones ambientales y sociales de las acciones del desarrollo (Artículo 3 de la LOA). Aunado al artículo 85 de la precitada ley, donde se marca en lo referente a el control previo ambiental y en cuanto a lo tratado de impacto ambiental y sociocultural establece uno de los instrumentos que sustenta las decisiones ambientales. la legislación venezolana entiende por norma técnica ambiental y se tiene que la LOA la define como una: “especificación técnica, regla, método o parámetro científico o tecnológico, que establece requisitos, condiciones, procedimientos y límites permisibles de aplicación repetitiva o continuada, que tiene por finalidad la conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, cuya observancia es obligatoria”. Con lo que entonces, se puede decir que el estudio de impacto ambiental es un requisito que la legislación venezolana exige a las empresas, tal y como lo señala la LOA en su artículo 4 numeral 9, donde se dispone que: “todas las actividades capaces de degradar el ambiente deben ser evaluadas previamente a través de un estudio de impacto ambiental y socio cultural”.

Sin embargo, desde mi punto de vista creo que aunque la ley protege el medio ambiente, le falta mas énfasis a nivel de empresas ya que existe mucha corrupción en esos niveles, señalando como ejemplo las mismas empresas del Estado, en las cuales se pasa por alto las leyes de protección ambiental, pero también se debe señalar que cuando los países en general decidieron proteger el medio ambiente minimizando el impacto ambiental que generan las empresas al mismo, dichas empresas reaccionaron negativamente viendo esta nueva legislacion como al gran enemigo de su crecimiento

Hoy en día se puede decir que una gran cantidad de estas empresas han tomado consciencia del significado del impacto ambiental empresarial, y así como digo que falta mas énfasis en algunos puntos, también digo que la mayoría de las empresas si han tomado conciencia en lo que al cuidado del ambiente se refiere y esto lo digo con propiedad ya que trabajo con una empresa que elabora productos químicos muy contaminantes como por ejemplo el ácido sulfúrico, el sulfato de amonio etc.

ISO 14000, destinadas a facilitar a las empresas una metodología apropiada para implementar convenientemente un Sistema de Gestión Ambiental orientado a proteger el ambiente. El Sistema de Gestión Ambiental, que es una parte del sistema de gestión global de la organización, incluye la organización, planificación, responsabilidades, prácticas y procedimientos para implementar y mantener la política ambiental.

La industria venezolana, ha interpretado la importancia de la ejecución de estas normas y es así como las distintas asociaciones que agrupan a las empresas del sector han efectuado campañas de indagación y ofrecen servicios de orientación y capacitación en esta materia. Un ejemplo de ello es la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM), quienes informan y orientan a sus miembros y al público en general en esta materia. Sin embargo, es mucho el camino a recorrer ya que existen todavía empresas que se resisten a la aceptación de estas normas, en muchos casos por la alteración económica que esto supone. Pero al respecto, se debe señalar que en la mayoría de las empresas, la reducción de costos y la ganancia de mercados resultantes de la aplicación de ISO 14001 son muy trascendentales y superan las inversiones necesarias para la implementación de la norma.

SENTENCIA

Se desprende del Asunto Principal Nº IP11-P-2005-000795, seguido ante el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 6 de noviembre de 2006
196º y 147º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-R-2006-000164
ASUNTO : IP01-R-2006-000164

RESOLUCIÓN Nº IG012006000625
JUEZA PONENTE: GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL
Apelación interpuesta por la abogada ENIS MARÍA TARRIFA PRADILLA, en su carácter de Fiscal Décima Cuarta (E) del Ministerio Público

Contra el auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Punto Fijo

Esta apelación 27 de julio de 2006, que declaró el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida contra el ciudadano ALEJANDRO ANTONIO MACHADO, por la comisión presunta del delito de PESCA ILÍCITA, en perjuicio del Estado Venezolano, tipificado en el artículo 41 de la Ley Penal del Ambiente, basándose en dos motivos para el recurso, mediante el cual señala en el primer motivo que el Juez de control finaliza el proceso penal y consecuencialmente imposibilita su continuación”, por lo que, a los fines de evidenciar la errónea aplicación de la ley, efectuó las siguientes argumentaciones: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra los Derechos Humanos Ambientales, donde se equiparan los derechos ambientales con los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, entre otros. E indica, en este primer motivo que cuando se cometen delitos contra el ambiente se atenta contra derechos humanos colectivos, partiendo de la base cierta e irrefutable que el medio ambiente pertenece a todos los seres vivos y en los delitos ambientales es indeterminado el sujeto activo que los cometa, ya que el bien jurídico tutelado es el derecho humano al ambiente, señalando también el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal en relación a la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación por parte del Ministerio Público es de obligatoria observación, señalando entre otros, los Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y la reconocida en jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 1395 del 21-11-2000 donde consagra la obligación del Juez de proteger el derecho al ambiente. Y concluyendo en esta primera parte con que el Tribunal de Control violó el postulado constitucional, relativo al deber de los órganos del Poder Público de garantizar el respeto a los derechos humanos, con lo que refleja la voluntad de un Estado de no permitir que personas naturales y jurídicas criminales que se involucran con actividades susceptibles de degradar los recursos naturales que lo conforman, operen con impunidad en Venezuela como en el mundo.
El segundo motivo se ocasionó un gravamen irreparable con el incumplimiento de los deberes por parte del Tribunal de la causa, con fundamento en el ordinal 5º del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal y denuncia la obligación de decidir que recae sobre los Jueces en asuntos de su competencia, violando el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Luego de verificar que en el trámite del presente recurso de apelación no hubo contestación al mismo por parte del defensor Público Penal del imputado, emplazado mediante boleta en fecha 14 de agosto de 2006, procede a resolver el fondo de la situación.
Tomando en consideración el artículo 19 de la Ley Penal del Ambiente.
…omissis…
3° Al año si el hecho sólo acarreare arresto por tiempo de uno (01) a seis (06) meses.
De la revisión del presente asunto, se observa que el hecho que originó la investigación, se produjo en fecha 15 de Marzo de 2005, por lo cual hasta la fecha de la Audiencia preliminar, celebrada el día 27 de Julio de 2006, han transcurrido (01) años, siete (04) meses y catorce (13) días.
El delito de Pesca Ilícita previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Penal del Ambiente, y señala que el presente caso se acredita la extinción de la acción penal por prescripción de la misma y también que no se verificó ningún acto procesal que interrumpiera dicho lapso de prescripción y que tampoco se verificó la admisión de la acusación.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
en la Extensión Punto Fijo y que fuera requerido por esta Alzada en fecha 23-10-06, que los hechos por los cuales la Fiscalía del Ministerio Público Décima Cuarta del Ministerio Público con competencia Ambiental de este Estado inició la correspondiente investigación.
al Buque de Pesca ANTONIO PADRE, Matrícula AMMT-2158, siendo el Patrón de la embarcación, ciudadano ALEJANDRO ANTONIO MACHADO, efectuando faena de pesca prohibida le fueron leídos sus derechos conforme a lo establecido en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal; En el procedimiento efectuado por el Comando de Guardacostas de Punto Fijo se efectuó un inventario de la carga que se encontraba en la embarcación, conforme al cual fue objeto de retención: 80 cajas de Langostino blanco, 12 cajas de Camarón pequeño, 19 cajas de Curbinata, 28 cajas de Tajalí, 10 cajas de Ronco, 5 cajas de Lamparoza, 10 cajas de Bagres, 11 cajas de Róbalos, 19 cajas de Chicharra; 2 cajas de Cagalona, 2 cajas de Conchas, 7 cajas de Guanaco pequeño, 11 cajas de Guanaco Grande, 1 caja de Picúa, 1 caja de Carite, 1 caja de Jurel, 1 caja de Robalito y 12 cajas de Rayas, carga que fue objeto de retención, así como el Buque.
En este orden de ideas, visto que en el presente asunto los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2005 y hasta la fecha de dictada la decisión recurrida (27 de julio de 2006) había transcurrido un lapso superior a un año sin que se hubiese dictado sentencia condenatoria, al prever la Ley Penal del Ambiente para el delito de pesca ilícita una pena de arresto menor de un año, lo procedente en derecho es declarar la prescripción de la acción penal, tal como lo efectuó el Juzgado de Primera Instancia de Control de este Circuito Judicial Penal, debiendo esta Corte de Apelaciones confirmar dicho pronunciamiento. Así se decide. Debe advertirse que tal pronunciamiento de prescripción de la acción penal procede en el presente caso, En el presente caso, no puede imputarse al ciudadano ALEJANDRO ANTONIO MACHADO violación grave a derecho humano alguno, por no ostentar la cualidad de Autoridad civil ni militar, En consecuencia, habiendo constatado esta Corte de Apelaciones que ha operado la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 de la Ley Penal del Ambiente, es razón suficiente para que declare la confirmatoria del sobreseimiento de la causa decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Punto Fijo, en fecha 27 de julio de 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 48 ordinal 8° eiusdem, con la consecuente declaratoria sin lugar del recurso de apelación ejercido. Así se decide.
Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN incoado por la Representación de la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público con competencia en materia Ambiental, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Punto Fijo, que DECLARÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida contra el ciudadano ALEJANDRO ANTONIO MACHADO, antes identificado, POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION PENAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Líbrense boletas de notificación.

http://falcon.tsj.gov.ve/decisiones/2006/noviembre/314-6-IP01-R-2006-000164-S-N.html

Instrumento de la gestion ambiental en la empresa
autor Vicente Conesa Fernandez-Vitora
Año 1996 Madrid España

http://blogderechoambiental.wordpress.com/estudio-de-impacto-ambiental/

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